sábado, 12 de abril de 2014

1º DE MAYO - ACTO ANARQUISTA

 Contra el Ajuste y la Represión, Organización de los de Abajo!
  Oradores, Feria, Proyecciones, Bandas en Vivo y mucho mas…
  Jueves 1º de Mayo en Plaza Libertad
(Pasco y Sarmiento) – Rosario


miércoles, 6 de noviembre de 2013

Toma del Palacio de Los Leones, Rosario Argentina (1921)

Fuente datos históricos programa Historia Secreta conducido por María Julia Oliván y la historiadora Alejandra Monserrat. Compilación y redacción por Emilio Crisi.

En la madrugada del 7 de Febrero de 1921 un grupo de aproximadamente 19 militantes anarquistas compuesto por obreros y estudiantes, influenciados por la ola de revueltas y levantamientos que estaban ocurriendo no solo en este de prolongadas huelgas obreras sino en el mundo de la reciente Revolución Rusa, deciden tomar por sorpresa el Palacio de los Leones, mas conocido como la Municipalidad de Rosario de Santa Fe -gobernada entonces por Fernando Schleisinger-, con el fin de instaurar una Comuna Libertaria.
Este acontecimiento tiene su momento culmine cuando cerca de las 6 de la mañana un grupo de obreros y algunos estudiantes de medicina irrumpen en la Municipalidad por la puerta principal, reduciendo al portero y llegando al Salón Carrasco en búsqueda del despacho del Intendente. Durante la toma. Durante la toma el grupo insurgente ,entre otras proclamas, va a declarar la destitución de Schleisinger. Entre los rebeldes se encontraban los hermanos Carlos y Ricardo Chaminaud, dos reconocidos militantes anarquistas de la ciudad.
Una vez asegurada la toma del edificio el grupo procedió a izar una bandera roja en el mástil municipal. Dicha bandera fue improvisada con el forro de un capot perteneciente al coche de Ricardo Chaminaud. Luego de una hora y media de toma el 11º Regimiento de Infantería al advertir movimientos extraños en el Palacio de los Leones y al ver izada una bandera roja en el balcón central del edificio. En minutos el lugar se llenó de policías. Luego de haber emprendido una rebelión con pocos hombres y escasas armas, los 19 anarquistas son apresados después de una fugaz resistencia acusados de sedición.
Afortunadamente, según la historiadora Alejandra Monserrat, la detención de los militantes no se extendió demasiado en el tiempo gracias al accionar de los abogados.

lunes, 23 de septiembre de 2013

"Visión sobre la Coyuntura Sudamericana: Estados reguladores del modelo extractivista y garantes de la gobernabilidad de un continente pobre"

SETIEMBRE 2013

Introducción y marco teórico
A la hora de analizar en profundidad el sistema de dominio y la forma en la que el mismo se desarrolla en nuestra región, sus particularidades en la coyuntura actual y sus implicancias en el devenir de la lucha de clases, podríamos abordar dicho análisis desde múltiples esferas y diferentes ejes. En esta aproximación que ofrecemos hemos optado por hacer un recorte con el fin de poner énfasis en ejes que consideramos significativos para la actualidad y que entendemos tienen implicancia en nuestra militancia cotidiana. De tal manera, vamos a detenernos a profundizar en la dinámica de las relaciones entre la esfera político-jurídica del sistema de dominio en la región y la esfera  económica. A los fines de explicar el lugar desde donde nos paramos para realizar este análisis vamos a señalar brevemente a continuación el marco teórico utilizado.
Como lo hemos manifestado en documentos anteriores, entendemos a este sistema de dominación capitalista como uno que opera en diferentes niveles y través de distintos mecanismos de dominio en todas las esferas de la vida social, y como tal, no es único e inmodificable, sino que es una construcción histórica. En este sentido, entendemos a la sociedad en su conjunto constituida por las diversas dimensiones del poder conformadas en las diferentes esferas, influyentes y dependientes unas de otras. No analizamos, por ende, a la misma como determinada exclusivamente por las relaciones de dominación económicas. En este sentido, “el sistema de dominación actual, en realidad no es simple reflejo de las relaciones de la esfera económica sino que, se constituye en una interdependencia de las esferas política, económica, ideológica, cultural, etc. Las relaciones de poder se encuentran presentes en todas las relaciones sociales, impregnan la sociedad de forma capilar.” [1]
A partir de esto, intentaremos enfatizar, como ya advertimos, sobre la comunidad de intereses y la relación existente entre el proyecto de institucionalidad de los llamados Gobiernos “Populares” o de “Socialismo de Siglo XXI” y la matriz extractivo-exportadora nuevamente en auge en toda la región sudamericana visibilizada a través del plan Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).


De Clases Dominantes y Proyectos Estatistas
A más de una década de iniciado el siglo XXI las ficciones de “Estados Socialistas” o “Gobiernos Populares” deberían indicar algo más peligroso que una simple desafortunada conjugación de palabras antagónicas. Durante el transcurso del siglo XX, en los ya conocidos procesos de revolución social que han concluido con la toma del poder político por parte de una vanguardia “iluminada”, se ha evidenciado cómo la iniciativa y el protagonismo de un pueblo[2] organizado fueron frenados y hasta oprimidos por las nuevas burocracias dirigentes. En este sentido, se ha llegado a vivenciar el destino que tuvo el intento de abolición de los privilegios y la búsqueda de una sociedad sin clases por parte de las clases oprimidas de dichos países: las élites burocráticas de los partidos comunistas erigidos en dirección de las revoluciones se preocuparon por mantener vivo al Estado, recrear al capitalismo en aquellos países y restaurar inevitablemente privilegios para una nueva clase dominante… todo en nombre del socialismo. Antes, durante y después de estos procesos gran parte de la teoría marxista y nacionalista se ocupó de justificar teóricamente tal proceso.
Casualmente en Latinoamérica desde hace más de diez años -luego de una gran crisis teórica que sufrió la izquierda estatista después de la caída de la URSS- se vuelve a justificar la posibilidad de transformación social desde arriba hacia abajo, es decir desde y a través del Estado como dirección y aparato regulador.
 Intentamos plantear aquí algunos puntos nodales para entender la realidad de Sudamérica y el desarrollo que se dio la clase dominante local a la hora de establecer una nueva estrategia para la región en el marco del sistema de dominación actual. En este sentido, es imprescindible que detectemos qué proceso de movilización y resistencia se estaba dando tras una década de políticas neoliberales en todo el continente; qué respuesta se buscó desde la clase dominante para frenar nuevos alzamientos populares e intentar dar un salvataje a la institucionalidad y la gobernabilidad –muchas veces desde una apariencia progresista con retóricas patrióticas-; y finalmente qué relación guarda esta funcionalidad con la garantía de desarrollo de la economía de la región dependiente en la división internacional del trabajo teniendo como parámetro el intento de aplicación irrestricta del Plan IIRSA, introducido por las potencias mundiales y proyectos de tipo imperialistas.
Por último, es importante que puntualicemos la estrategia de resistencia que se están dando las clases populares al avance de los de arriba, pensando así en las perspectivas de lucha hacia adelante que nos ofrece la experiencia rebelde de nuestra clase.


El papel de los Estados Latinoamericanos: los progresistas o los no tanto
A fines del siglo XX pudimos vivenciar el estrepitoso fracaso de los proyectos estatistas de implantación del “socialismo” -de arriba hacia abajo- en Rusia, China, Vietnam, Cuba, Corea del Norte y la Europa del Este entre otros, deviniendo éstos en el establecimiento de nuevas clases dominantes, nuevas burocracias, reconociendo al capitalismo como único sistema viable y aportando al fracaso de diversos procesos revolucionarios que se intentaban dar en los años ´60 y ´70 en nuestra región. La izquierda estatista en una crisis sin precedentes se llamó a silencio durante una década. Es ahí cuando las clases dominantes arremetieron con políticas de corte neoliberal, anulando muchas de las conquistas populares conseguidas con la lucha a lo largo del siglo XX y revocando derechos sociales que habían sido arrancados desde abajo. Latinoamérica no sólo no fue la excepción a la áspera aplicación de estas políticas sino que de alguna forma fue modelo para el resto del mundo.
Privatizaciones en las telecomunicaciones, la energía y el transporte, ajustes y recortes en los sistemas de salud y educación pública, desempleo y subocupación, y un predominio del capital financiero fueron el común denominador en la nueva realidad latinoamericana. Sin embargo, el descontento de las clases oprimidas no se hizo esperar. Hechos como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México marcaron los albores de la respuesta organizada de la resistencia continental a lo que era una nueva sangría a los pueblos latinoamericanos. Levantamientos populares como los del Caracazo (1989), las guerras del agua y el gas en Bolivia (2000, 2003, 2005), los levantamientos de los pueblos originarios en Ecuador y Chile, las puebladas y piquetes que tuvieron como corolario al argentinazo (1996-2001), la lucha campesina de los Sin Tierras brasileños, entre otras fueron algunas de las expresiones organizadas de los sectores populares excluidos y expulsados por este sistema de dominación capitalista, que a esta altura, prescindía perfectamente de gran parte de la población del continente. No obstante, y a diferencia de la vieja práctica de la izquierda, estos eventos y procesos organizativos contendrían un mayor desarrollo de autonomía popular y una convocatoria de sectores de abajo no enmarcados en el tradicional planteo economicista de la izquierda clásica. Pueblos originarios, campesinos(as) sin tierra, piqueteros(as) desocupados(as), entre otros, a través de la práctica de la acción directa protagonizaron la re-composición de las organizaciones de las clases oprimidas. Algunas características novedosas para el momento, como el rechazo a la representatividad institucional y la búsqueda de mayor democracia directa en manos de las propias organizaciones populares, iban resaltando la nueva estrategia clasista.
Es así, como en gran parte del continente comenzó a impactar un proceso de deslegitimación de las instituciones estatales, una profundización de la crisis de gobernabilidad (recordemos las numerosas renuncias de presidentes en los casos de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú), una descomposición de la democracia representativa y del bipartidismo y un agotamiento de la aplicación de las recetas económicas de ajuste y privatizaciones.
 A excepción de Chile y Colombia, como los más representativos en el cono sur en donde prevaleció sin titubeos la posición de mantener esas políticas de ajustes y sostener el control social principalmente a través de la represión y la militarización, algunos sectores de la clase dominante latinoamericana iniciaron una búsqueda de renovar estrategias de control y regulación social acorde a los tiempos que estaban viniendo. En tal sentido, los Estados Sudamericanos no podían seguir implementando recetas de ajuste y aplicar al mismo tiempo la política del garrote. Es ahí donde el Estado debió convertirse en un actor político de relevancia para tales intereses, instalando una nueva representación política para neutralizar el antagonismo de clases visibilizado a fines del siglo XX y primeros años del XXI.
Por un lado, se buscaba poner tope a la seguidilla de alzamientos populares que estimulaban la capacidad de participación real de la mayoría de la población. En este sentido, debía asegurarse la dominación a través de la recuperación de la legitimidad institucional perdida, y evitar así retornar a la utilización de la fuerza como en tiempos de las dictaduras del cono sur. Una forma de hacerlo era la de canalizar superficialmente las demandas populares que dieron origen a las resistencias –léase disminuir un poco los ajustes y la privatización- combinada con una retórica nacionalista e izquierdista al mismo tiempo.
Por otro lado, existía la necesidad de consolidar a la región en su lugar dentro de la división del trabajo global como proveedor de materias primas, recursos minerales y energéticos sin demasiados sobresaltos. Dichos recursos requerían ser destinados a su transformación en los centros industriales de los países desarrollados, para dar respuesta a la creciente demanda de consumo desenfrenado e irracional de los países más ricos.
A través de una batería de políticas públicas y un rotundo cambio de imagen y discurso de lo que antecedía, los Estados latinoamericanos representados en el Socialismo del Siglo XXI –eufemismo con el que se intenta enmarcar un modelo de “capitalismo humano” contrapuesto al “capitalismo salvaje”- asumieron esta nueva etapa de gobernabilidad en el continente. Se comenzó a utilizar una retórica nacionalista, izquierdista y antiimperialista, evocando viejos próceres de la independencia latinoamericana como Bolívar, San Martín, Eloy Alfaro y el mismo Artigas, para lograr resignificar y reinsertar la figura del caudillo como referencia de gobernabilidad. En tal sentido, se enarbolaron procesos declamativos como la “Revolución Ciudadana”, “Revolución Bolivariana”, “Estado Plurinacional” o “Proyecto Nacional y Popular”, entre otros.  En consonancia, se continuó desde arriba con una ínfima redistribución de ingresos a través de políticas focalizadas –muchas veces disfrazadas de políticas sociales universales- que respondían nada menos que a viejas recetas del Banco Mundial para frenar el descontento de sectores excluidos en América Latina y que operaban a su vez como herramientas de control social. De esta forma el Estado en cada país comenzó a promover la desarticulación y fragmentación de muchas de las organizaciones populares que estaban en resistencia desde hacía años y de las cuales algunos dirigentes estaban esperando nuevamente una posibilidad de colarse en un proyecto estatista, relegando, de esa manera, el interés real de las bases organizadas.
En esta nueva secuencia de modelos de gobernabilidad estatal todos los estados del cono sur adhirieron a un nucleamiento de los mismos denominado Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), constituyendo el correlato político-jurídico del sistema de dominio regional. En esta instancia se logró la convivencia plena y armoniosa de los llamados gobiernos de izquierda –quienes sólo en el discurso estaban cuestionando al neoliberalismo-, y los otros modelos conservadores como los países adherentes al TLC (Tratado de Libre Comercio) que siguieron aplicando abiertamente dichas políticas. La finalidad última de este conglomerado de Estados fue siempre el mantenimiento del status quo y una eventual neutralización de enfrentamiento de clases en la región. 
De más esta decir que los resultados expresados, luego de una década, no reflejan progreso en dirección a una transformación social en la región: en la mayoría de los países no se ha tocado siquiera la matriz de la estructura económica y productiva (la concentración del latifundio es cada vez mayor; los monopolios económicos se han mantenido o renovado), de manera insoslayable importantes sectores de la clase dominante favorecidos han financiado las políticas públicas; en ningún caso se ha otorgado a los pueblos originarios derecho definitivo al territorio ni ha cesado la represión y discriminación a los mismos de parte de las élites gobernantes (a pesar de que numerosos gobiernos del cono sur han hecho bandera de la “concesión” de derechos e inclusión a dichas comunidades); los altos índices de pobreza, indigencia y desempleo no se han modificado a pesar del maquillaje brindado por la continuidad de las políticas focalizadas y manipulación de la información estadística; salvo Brasil –una potencia económica emergente con una burguesía industrial férrea- en ningún otro país se ha dado un proceso de reindustrialización; el número de bases militares norteamericanas ha aumentado exponencialmente, así como también la militarización de las barriadas periféricas y una creciente criminalización de la pobreza;  aumentó el nivel de permisividad a las concesiones a las trasnacionales, el aumento en el endeudamiento con los organismos de crédito internacional han generado mayor dependencia hacia los mismos, el cumplimiento de los mandatos de potencias como China y Estados Unidos siguen incólumes. Pero entre los aspectos más delicados de la situación política, social y económica se encuentra el nivel de sujeción y dependencia de la región. La misma se encuentra comprometida en un proyecto de rapiña capitalista de especulación de alcances catastróficos, donde el territorio y sus recursos –otrora considerados improductivos- son el elemento de disputa.
Basándonos en nuestro marco analítico indicado brevemente al principio, es imprescindible volver a observar que no vemos una determinación exclusiva de las relaciones de dominación económicas en los proyectos políticos instaurados en la región ni viceversa. Al contrario,  podemos inferir que dentro de la clase dominante existen diferentes proyectos en pugna o en coordinación. En este caso los llamados Gobiernos del Socialismo del Siglo XXI, o los Gobiernos “Populares” o de izquierda representan un proyecto político en sí mismo de un sector de la clase dominante que poco o nada intenta confrontar con el proceso extractivista que vienen llevando grupos económicos poderosos en la región y del mundo. Contrariamente, parece existir un intercambio de favores que quizás, por un lado, les habilita a los gobiernos denominados populares un modo de financiación de la política pública y, por el otro, les permite a los capitales trasnacionales la estabilidad necesaria en la región y bajos costos para la explotación y exportación de los recursos locales.    


Función de la economía regional: Plan IIRSA y extractivismo
Todas estas señales de continuidad de un capitalismo depredador –el único que existe- son síntoma de un proceso que se viene llevando a cabo en Latinoamérica desde hace ya más de una década. La función del Estado latinoamericano (sea conservador o “progresista”) ya no es meramente la de ajustar y privatizar sino que su rol fundamental en esta nueva etapa del neoliberalismo es la de flexibilizar las condiciones de explotación desmedida de los suelos y la extracción y expoliación lasciva de cuanto recurso energético y mineral exista en Latinoamérica, obviamente garantizando los bajos costos y la eficiencia en el traslado. 
Sin embargo, la regulación estatal para tales fines no podía esta vez dar movimientos bruscos y retornar un clima de conflictividad social a priori. Como hemos indicado en documentos anteriores, podemos caracterizar al Estado en estos tiempos como generador de un consenso necesario en la sociedad y creador de condiciones tales para que sus intereses (y los de su clase) aparezcan como los intereses de todos. En este sentido, levantando las banderas de la Soberanía Nacional, la –incomprobable- Reindustrialización y el Desarrollismo, y la “Soberanía Energética”, los  Estados del llamado Socialismo del Siglo XXI se propusieron meterse de lleno a este juego mundial determinado y dirigido por proyectos imperialistas. Ese rol requirió la intervención estatal para garantizar -cueste lo que cueste- la explotación y exportación de bienes primarios a gran escala solicitados por el mercado internacional. Hidrocarburos como el gas y el petróleo, metales y minerales como el cobre, el oro y la plata y productos alimenticios como el maíz, la soja y el trigo, además de biocombustibles, son algunos de los recursos y productos que evidencian una reorientación de las economías de la región hacia las actividades primarias. En Sudamérica estos impulsos de reordenamiento de las actividades de la región, en función de cubrir las demandas de la economía global, responden en gran parte al proyecto denominado IIRSA presentado por primera vez en una cumbre de presidentes en el año 2000. Este megaproyecto continental de implementación silenciosa –con su símil Plan Puebla Panamá en Caribe y América Central-, es dirigido por el gobierno estadounidense y cuenta entre sus socios a Paul Wolfowitz (Banco Mundial), Donald Rumsfeld (secretario de Defensa de EEUU), David Rockefeller, Henry A. Kissinger, Alan Greenspan (Banco de la Reserva Federal de EEUU), Rodrigo Rato (director del FMI), George Soros, el clan Rothschild y el magnate de la Microsoft Bill Gates, entre otros.
El IIRSA, promovido desde sus orígenes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y coordinado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo del Cuenca de Plata (FONPLATA), fomenta y organiza la inversión en infraestructura y logística para interconectar la región al comercio internacional que llevan adelante las grandes transnacionales. La implementación principal del proyecto requiere el desarrollo de una infraestructura tal para transporte terrestre, aéreo y fluvial; oleoductos, gasoductos, puertos marítimos y fluviales, tendidos eléctricos y de fibra óptica, centrales hidroeléctricas, megaminería, soja y transgénicos. No obstante, el proyecto tiene diferentes etapas de implementación para las diferentes regiones y sobre todo teniendo en cuenta el recurso a explotar.
Como ya señalábamos más arriba los Estados latinoamericanos vendieron este proceso en marcha como una ventana hacia el desarrollo del continente, es decir una oportunidad única aprovechada por los distintos gobiernos con el único fin de la integración de la región y el desarrollo industrial y productivo de la misma. En la etapa actual la promesa de mayor mano de obra a raíz de la demanda de la construcción de infraestructura ha funcionado como golpe de efecto. La socióloga Maristela Svampa señala, por el contrario, que “…por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos…”[3] En este sentido, otros estudios indican que a medida que vaya finalizando el IIRSA en toda la región habrá una disminución significativa del empleo con derivaciones negativas en la economía regional y las sociedades locales.
En consonancia con lo que venimos resaltando acerca de los alcances del impacto del extractivismo llevado a cabo en la región, están empezando a aflorar un sinfín de consecuencias sociales-medioambientales negativas del proceso: desmonte y destrucción de zonas ricas en biodiversidad para promover monocultivos de soja o plantaciones de pinos para celulosa, agotamiento acelerado de los recursos no renovables como son el gas, el petróleo y los minerales -aumentando a la larga el costo de vida de la población local-, migración forzosa de la población rural hacia centros urbanos, entre otros.
Los métodos utilizados para el saqueo continental merecen un párrafo aparte. La fracturación hidráulica o fracking, utilizados para hacer salir el petróleo a grandes profundidades no sólo utiliza miles de litros de agua mezclados con químicos y arena sino que deja el lastre de altas cantidades de plomo y metano en la poca agua que queda por utilizar en la zona afectada.
Numerosos grupos científicos y ambientalistas advierten además sobre la explotación minera a cielo abierto. La misma afecta grandes proporciones de superficie terrestre abriendo un cráter –para extraer una pequeña cantidad de mineral-  utilizando importantes proporciones de cianuro dejando el agua del lugar envenenada, generando inevitablemente el colapso de la agricultura local (perdida de cosecha y animales muertos) y por ende como mencionamos anteriormente un éxodo obligado de la población local.
Cabe aquí mencionar también el impacto de la instalación de las represas hidroeléctricas (destrucción del ecosistema y –nuevamente- desplazamiento forzoso de la población) o el modelo agrícola de producción (semillas transgénica, fumigaciones aéreas masivas, siembra directa, cancer y enfermedades respiratorias) dependiente de la multinacional Monsanto.
Desafortunadamente dentro de la gravedad del saqueo trasnacional contamos con la sistemática violación a los derechos humanos en la región: desde la irrupción a territorios de los pueblos originarios y campesinos hasta la persecución, criminalización y muerte de la resistencia al avasallamiento sobre la tierra, los recursos y la sociedad en su conjunto.

Resistencia Latinoamericana frente al saqueo y farsa de socialismo de los de arriba
Podemos observar hasta aquí cómo el sistema capitalista ha operado en esta región durante la última década mediante el despliegue de relaciones de dominación económico-productivas y político-jurídico-ideológicas en torno a la continuidad del modelo neoliberal y su instancia extractivista. El trabajo cumplido hasta el momento por los Estados de la UNASUR durante la actual aplicación del IIRSA ha permitido resguardar con creces los intereses de la clase dominante. Sin embargo, este despliegue ha generado nuevas resistencias y –por ende- conflictividad social por parte de las clases oprimidas de América Latina y una lucha abierta por el territorio, expresada en la movilización organizada de la población directamente afectada por el saqueo y las consecuencias del mismo. Aquí brevemente vamos a mencionar algunos actores en este proceso de resistencia como lo son asambleas ambientalistas de Argentina (Esquel, Gualeguaychú, Famatina, Tinogasta, entre otras), los campesinos/as sin tierra paraguayos y brasileros que enfrentan el latifundio sojero, los pueblos originarios del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) boliviano, los del Parque Yasuní-ITT ecuatoriano, los de la reserva Vaca Muerta argentina, los de la Patagonia o los de la Amazonía sudamericana, y podríamos mencionar muchos más. Párrafo aparte merecen algunos procesos de resistencia antisistémica que se vinieron dando en algunos lugares en paralelo y que, particularmente, no han tenido quizás relación directa con el proceso extractivista, pero sí con el avance de los Estados latinoamericanos frente a las clases populares, como lo son las luchas de los estudiantes y pueblos originarios chilenos, así como también las movilizaciones populares por la gratuidad del transporte público y contra la carestía de la vida en Brasil, todas con gran trascendencia mundial.
Con respecto al modelo extractivista, numerosas puebladas han llegado a frenar parcialmente algunos tramos del Plan IIRSA y boicotear el avance de las obras. Pero esta resistencia al desguace generó inmediatamente una respuesta represiva por parte de los Estados latinoamericanos, aquellos denominados de izquierda y también de los conservadores. En este sentido, el aspecto militar-policial en las relaciones de dominación y el control social requería estar resuelto en los albores de un nuevo siglo. En Chile, Colombia y Paraguay –hoy Estados de corte conservador- el asunto se va resolviendo como de costumbre, con represión explícita y miles de presos políticos, procesados y asesinados. En los Estados “progresistas” a los efectos tales de solapar un conflicto de clases e intereses, la persecución a los nuevos agitadores contra el modelo extractivista y la ficción de la Patria Grande, debió traer aparejada acusaciones políticas e ideológicas a los mismos. Durante la última Cumbre de Jefes de Estado del ALBA –a fines del pasado Julio-, los mandatarios acusan a la resistencia antiextractivista de “extremistas”,  “conspiradores”, “desestabilizadores”, “golpistas”, “pro-imperialistas” y “asalariados de la CIA”. El relato de los gobiernos acerca de este tipo de resistencias concluye habitualmente en que la posición de las organizaciones rebeldes le hacen el “juego a la derecha”.
Bajo esas acusaciones los Estados del cono sur vienen perpetrando persecuciones, procesamientos y asesinatos a miembros de organizaciones populares. Los pueblos originarios en Bolivia que defienden el TIPNIS periódicamente son reprimidos por la policía del Gobierno de Evo Morales y tienen centenares de procesados y detenidos por dicha causa.
En Venezuela durante el gobierno de Chávez, además de la detención y extradición a Colombia de una decena de luchadores de ese país cuando Maduro era Ministro de Relaciones Exteriores, se produjo el asesinato del cacique yukpa Sabino Romero, uno de los tantos referentes indígenas enfrentados a los terratenientes ganaderos. La responsabilidad del gobierno en el asesinato quedó al descubierto en investigaciones posteriores. En Ecuador, donde Correa es presidente, desde hace ya tiempo se arman causas bajo la figura de “sabotaje y terrorismo”, estando ya procesadas más de 200 personas, en su mayoría militantes contra la megaminería. En Brasil en el marco de los desalojos y la represión contra los campesinos sin tierra, el Gobierno asesina a Eltom Brum da Silva, militante del MST. Recientemente se llevó a cabo, no sólo la represión a las últimas movilizaciones masivas antigubernamentales, sino que además se le sumó la persecución política y hostigamiento a organizaciones anarquistas y antisistémicas (sospechadas de haber impulsado las protestas). En Perú hubieron más de una treintena de originarios asesinados en la región de Bagua (Amazonía peruana) durante el gobierno de Alan García, y desde el 2011 -cuando asume Ollanta Humala- se produjeron al menos 25 asesinatos durante la resistencia al proyecto Conga en Cajamarca.[4] En Argentina –donde el Kirchnerismo maneja mayoritariamente un modelo de represión tercerizada[5]- podemos mencionar la violencia contra los ambientalistas de Famatina, Tinogasta y recientemente a los originarios mapuches que rechazan el fracking en Vaca Muerta (Neuquén), los asesinatos selectivos de dos campesinos sin tierra en Santiago del Estero y de mas de 10 originarios Qom de Formosa y Chaco –comunidades que resisten hace años el avance del latifundio y el modelo sojero-. Vale agregar la situación en Uruguay de un gobierno que no sólo garantizó la impunidad de la dictadura, sino que recientemente avanzó en la infiltración policial de las manifestaciones por derechos humanos y la detención ilegal de 12 manifestantes.
Balance y perspectiva libertaria
En función de poder pasar en limpio el proceso que se dio en la última década en nuestro continente solo podemos agregar breves conclusiones del mismo. Por un lado, sectores de la clase dominante resolvieron temporalmente el problema de la inestabilidad institucional de la región provocado por las recetas de ajuste neoliberales de la década de los 90´. La clase dominante logró reconstruir la representación -mítica en nuestro continente- del Estado interventor y regulador y de un proyecto de izquierda nacional que evadiera cualquier antagonismo de clase heredado de la década anterior. A su vez, comenzó a delinear y facilitar un proceso de mejoramiento infraestructural para que las trasnacionales y los Estados más poderosos terminaran de llevarse los recursos que quedan en un continente plagado de biodiversidad.
En otro orden, quedó al descubierto la política de derechos humanos de los gobiernos de izquierda (los de derecha ya habían tomado posición hace rato), donde el negocio y la razón de Estado valen más que la salud y el bienestar de toda la sociedad. Un sinnúmero de organizaciones sociales sucumbieron o fueron divididas ante la propuesta de construcción desde arriba y por dentro del Estado. La clase dominante de la región apostó como era de prever a la inclusión de la región dentro del capitalismo mundial en un proyecto de ganancia y especulación a corto plazo. Los grandes perjudicados fueron los pueblos de la región, que no vacilaron en salir a dar las primeras batallas contra el modelo de saqueo y dominación. La defensa de los recursos y de la vida frente a los proyectos imperialistas, no sólo no es impulsada por los autodenominados “antiimperialistas” sino que han sido los pueblos originarios, campesinos, vecinos, asambleistas, piqueteros y estudiantes quienes han puesto el cuerpo frente a tanta impunidad en tan poco tiempo. Si algo esta quedando nuevamente claro (a pesar del olvido del fracaso de los proyectos estatistas de la izquierda) es que los proyectos emancipatorios de la sociedad no pueden ni deben depender del Estado si realmente quieren ser emancipatorios. En Latinoamérica nuevamente la coyuntura nos está invitando a pensar la importancia de la autonomía en las organizaciones populares y la independencia de clase a la hora de llevar a cabo la lucha revolucionaria. Esta claro que no es lo mismo organizarse en tiempos de un gobierno abiertamente represor como el chileno o el colombiano –o una dictadura- que un gobierno que se adjudica la defensa  de los derechos humanos y la representación de un proyecto socialista. Esos períodos determinados por la institucionalidad progresista son especiales para potenciar y desarrollar organizaciones de base. En tiempos de ajuste y represión seguro se hace siempre más difícil y peligroso. Sin embargo, la posibilidad de ocupar lugares, grietas o trincheras en las instituciones es siempre una trampa que ofrece el mismo sistema de dominación. En un continente donde la figura del caudillo viene para intervenir en la historia en momentos excepcionales cuando la institución del sistema de dominio está en peligro, la administración de la sociedad por parte del pueblo y el protagonismo colectivo de los de abajo en esa búsqueda aparecen siempre como una alternativa seria de transformación social. La construcción paulatina de un pueblo fuerte y un poder autogestivo es el camino que elegimos los y las de abajo en esta ambigua coyuntura latinoamericana.
  
FUENTES
"Sobre la Declaración de Guayaquil: ALBA y extractivismo" - José Javier Franco publicado el 2/6/2013 en LaGuarura.net
"IIRSA: Integración de A. Latina para mercados y privatizaciones" - Fernando Arellano Ortiz publicado el 3/8/2006 en ALAI, América Latina en Movimiento
"UNASUR y la IIRSA reunidos en Brasil para fortalecer el saqueo a los pueblos" - LaGuarura.net 25/4/2011
"IIRSA: ¿Plan de infraestructura o saqueo organizado?" - Mauro Restifo publicado el 19/3/2013 en SURsuelo
"La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional en Sudamérica (Iirsa) Neoliberalismo de Izquierda, la Nueva Era del Capital" - Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos publicado el 30/5/2011 en patriainsurgente.nuevaradio.com
"Anarquismo y extractivismo" -    Uzcátegui Rafael publicado el 18/11/2011 en El Libertario
“Los de Abajo viviremos en Crisis mientras exista el Estado y el capitalismo” Documento anarquista de análisis y coyuntura – Columna Libertaria Joaquín Penina - Argentina, Marzo 2012
"Proyecto IIRSA ,El mega proyecto para el saqueo en América del Sur" - Cooperación en red EuroAmericana para el Desarrollo Sostenible
“Extractivismo en América Latina. El Consenso de los Commodities" - Maristella Svampa publicado en Le Monde Diplomatique 9/7/2013.
“Declaración de Principios FACA-Columnas" - publicado en http://columnalibertaria.blogspot.com.ar/


[1] “Declaración de Principios" -. http://columnalibertaria.blogspot.com.ar/
[2]  Pueblo entendido como conglomerado de clases oprimidas.
[3] “Extractivismo en América Latina. El Consenso de los Commodities. Le Monde Diplomatique 9/7/2013.
[4] El Proyecto Conga/Yanacocha es un intento de explotación de oro a cargo de la minera Yanacocha, cuyo principal accionista es la estadounidense Newmont. El mismo esta previsto en la provincia de Cajamarca y tiene como principales afectados a las zonas mas pobres de esa provincia, que no solo no verá los réditos económicos del mineral extraído sino que el agua de la región llegará a desaparecer casi por completo, quedando los últimos reservorios completamente contaminados.
[5] Aquí es necesario indicar cómo el proyecto Kirchnerista en su década en le poder ha venido delegando la mayoría de las intervenciones represivas a aliados del mismo gobierno para no pagar un costo político: patotas de la UOCRA en Chubut arremeten contra asambleas ambientalistas, patotas de la Unión Ferroviaria asesinan a Mariano Ferreyra por un conflicto con tercerizados, la Policía de Catamarca y La Rioja también reprime asambleas ambientalistas, la Policía de Chaco, Formosa y Neuquén avanza contra Pueblos Originarios, la Policía de Río Negro reprime y asesina durante puebladas en Bariloche y encarcela a piqueteros de la misma localidad.
En estos últimos meses candidatos electorales de la derecha le empezaron a disputar el voto, por lo que el gobierno decidió salir a jugar esa ficha poniéndose al frente de la represión a través del envío de centenares de gendarmes al conurbano bonaerense, miles de policías a las calles de las provincias aliadas, proyectos para bajar la edad de imputabilidad, y ascensos de conocidos represores al sistema carcelario y el Ejército inclusive. 

lunes, 9 de septiembre de 2013

“Aproximación a la Coyuntura Latinoamericana desde una Perspectiva Anarquista”

Charla Debate

“Aproximación a la Coyuntura Latinoamericana desde una Perspectiva Anarquista”
Estrategias de dominación de los Gobiernos Sudamericanos: Extractivismo, Control Social y Retórica Socialista

Viernes 20 de Setiembre – 19hs
En Ituzaingo 1544, Rosario, Argentina

Organiza
Columna Libertaria Joaquín Penina



martes, 25 de junio de 2013



JULIO NEGRO - Rosario 2013
3/7 Campaña de propaganda, pegatinas y pintadas en las calles de Rosario
18/7 Proyección del film "Libertarias" (de Vicente Aranda) 18 hs en el CSA de Ituzaingo 1544
25/7 Charla Debate sobre la Revolución Social Española - 19 hs en el CSA de Ituzaingo 1544

A 77 años de la Revolución Libertaria en España los anarquistas seguimos luchando por el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.

El 17 de julio de 1936 militares fascistas con Franco a la cabeza se levantan contra el gobierno de la llamada “segunda republica” en España. Este golpe militar para nada sorprendió a las fuerzas populares organizadas, que lo estaban esperando y que como la CNT  venían reclamando armas para hacerle frente, así el 19 y 20 de julio el pueblo armas derrota la intentona fascista en casi todas las grandes ciudades de españa.
El levantamiento militar sirvió como catalizador para un proceso de transformación social que se estaba dando en España, proceso que tenía un carácter revolucionario y fuertemente libertario, y en el que sus raíces se remontan a casi 70 años atrás.
Lo que había  empezado como una rebelión popular contra un golpe de estado termina en una revolución social en la que se potencio de manera exponencial lo que se había construido hasta ese momento y que significo, al menos en un primer momento, la destrucción de  las bases de la sociedad capitalista. Así el estado perdió razón de ser frente a la creación de instituciones de democracia directa como los comités barriales, además  se colectivizo la tierra, se tomaron las fábricas y los servicios públicos bajo control obrero, y todo sobre la base del protagonismo de los de abajo, que estaban mayormente organizados en la organización anarco-sindicalista CNT.
La diversidad y profundidad de lo acontecido en esos años en España nos demanda a los Anarquistas que tenemos una vocación revolucionaria una re-lectura desde nuestro proyecto, es decir, contrastar aquella experiencia con la nuestra propia, y retomar las banderas dándole continuidad a aquella lucha por la emancipación social. De lo contrario caeríamos en una mistificación de la historia que poco tiene que ver, entendemos nosotros, con la lucha anárquica y revolucionaria de aquellos años.
Por eso durante el mes de julio desde la CLJP estaremos realizando diversas actividades de difusión y de reflexión sobre la revolución libertaria en España.
Los/las esperamos … 

miércoles, 19 de junio de 2013

Nota de solidaridad con FAG en circulación

En Porto Alegre, el pasado 20 de junio, cerca de 15 agentes de la Policía Civil sin orden de allanamiento irrumpieron en el Ateneo Batalha da Varzea, local social y político donde que es sede de la Federación Anarquista Gaúcha.
En esa ciudad donde desde de comienzo de año se han producido masivas movilizaciones reivindicando causas populares que tienen que ver con el transporte público, la salud, educación, contra la corrupción, y con una enorme intensión de cambio social para su localidad como para su país.
En un país donde millares de personas salen a la calle a denunciar que está todo podrido y es necesario y urgente cambiarlo. Ante tanta opulencia de los poderosos, de los estadios construidos para la copa de las confederaciones y el mundial de FIFA. Ante tanta represión sostenida, desplazamiento y militarización de los barrios populares, desatención casi total de la salud pública, la educación, y una usura y robo que como corolario es el precio del transporte y la calidad del mismo.
Y se pretende criminalizar a la FAG, y hacerla responsable de toda la bronca y furia que tiene la población de todo el país. Se pretende acusar a la FAG diciendo que es su local se encontró literatura anarquista, ¿y qué se piensa encontrar en un local anarquista?. Se acusa a la FAG de negociar con la ultra derecha, cuando la tarea la misma ha sido en lugares que la derecha rechaza, como son los comité de Resistencia Popular, el movimiento de Catadores, el Sindicalismo, el movimiento campesino, la lucha Estudiantil, las actividades de involucrar a más compañeros en prácticas de cultura liberadora.
Y más, y más cosas que separan a la FAG de lo que sí ha sido su enemigo en una constante histórica, como el allanamiento que ocurriera en el año 2009 por orden de la gobernadora Yeda Crusius, cuando la organización anarquista la señaló como la responsable del asesinato del militante del MST Elthon Brum.
Entonces es que se ha estado sí contra los poderosos, los de arriba y sus aliados de turno. Este allanamiento es ante todo ideológico, porque es la persecución de nuestras ideas lo que está primero. Es eso lo que quieren borrar: todos los significados de rebeldía y liberación que puedan adoptar nuestras luchas, la independencia de clase, la democracia directa, la construcción del poder popular.
Manifestamos entonces nuestra mayor preocupación y alerta sobre el tema y daremos seguimiento al asunto dando respuesta donde nos encuentre las historias de nuestras luchas!!.
Basta de represión al movimiento popular brasilero!!.
Basta de criminalizar a la FAG!!.
Arriba los que luchan!!!.


federación Anarquista uruguaya

martes, 18 de junio de 2013

Movimento Passe Livre y movilizaciones populares en Brasil (2013)

A continuación 3 textos sobre las movilizaciones en Brasil

"Las protestas en Brasil y la representación colectiva"

por Bruno Lima Rocha
Barómetro Internacional


Porto Alegre, Goiânia, San Pablo y Río de Janeiro son capitales con algo en común, las protestas sociales. Estos centros metropolitanos están pasando por un momento contradictorio. Por un lado el orgullo en torno a la realización de la copa del mundo abre precedentes para los discursos modernizadores, y de cajón para la asunción de discursos de valoración urbana, que afianzan los derechos de la ciudad. Por otro, las protestas recientes contra el aumento de los pasajes de autobús revela un sector de la población consciente de estos derechos y queriendo subordinar los contratos con las empresas concesionarias al poder otorgante. Considerando que la escalada de movilizaciones no estaba prevista en la víspera de la Copa de Confederaciones de fútbol, los gestores de estos municipios –y los respectivos gobiernos estatales– acabaron endureciendo el brazo represor.
La última década fue de profunda transformación en la sociedad brasilera. Se vive mejor, tenemos consumo accesible –casi suntuoso– oferta masiva de créditos y visibles avances materiales en las condiciones de vida. La versión nada agradable de este avance es el cogobierno entre casi todas las fuerzas políticas, saliendo victorioso ideológicamente el Consenso de Brasilia, como es referido en la literatura política y de relaciones internacionales, la suma de ortodoxia macroeconómica con el peso puesto en la generación de empleo directo y el fortalecimiento del mercado interno. Tal Consenso genera acomodación de fuerzas sociales y poco o ningún espacio para la política institucional más a la izquierda. En períodos de reflujo, nos queda el Internet. Se protesta mucho a través de las redes sociales en Brasil y esta opinión encuentra eco en los poderes de facto. La consecuencia es la canalización de estas demandas legítimas, colocando contra la pared al Brasil moderno e inclusivo que se quiere vender hacia fuera.
Nada es más universal que el transporte colectivo en metrópolis totalmente congestionadas por la expansión del automóvil individual. Al enfrentar los márgenes de lucro de las concesionarias de autobús, los manifestantes afirman que el derecho de movilidad debe subordinar a los intereses empresariales del sector. Como casi siempre, cualquier Poder Ejecutivo está del lado de los empresarios, alegando el riesgo sistémico o la quiebra de ese sector de la economía. De ahí que apelar a la represión desenfrenada es siempre una opción. El nivel de violencia es el reflejo de esta escogencia de los ejecutivos municipales. Considerando que el control urbano aumenta en períodos de grandes eventos deportivos, se concluye que los episodios como éstos tenderán a repetirse.
Quien organiza esta cultura política del conflicto
Síndrome de la profecía anunciada, los episodios de la noche del lunes 17 de junio deberían haber ocurrido en el año 2005, en el auge del desencanto con el escándalo Mensalão. En el año siguiente poco antes de la Copa de 2006, tuvimos una gota del evento cuando el MLST entró en forma abrupta al “muy noble y valeroso” Congreso Nacional, cuyo actual presidente de la Cámara Baja “no sabe la motivación de estas personas”. La semana pasada cuando las protestas por el derecho a la movilidad urbana se nacionalizaron, después de la victoria parcial lograda en Porto Alegre, afirmé que estas luchas traspasaban al Consenso de Brasilia y que materializaban años de trabajo acumulado por agrupaciones políticas de izquierda, catapultadas por las redes sociales. No dio para más.
La representación colectiva tiene dos grandes motivaciones. La primera de ellas es el peso de la ideología anarquista. Al contrario de lo que se afirma en red nacional, a pesar del silencio de buena parte de los grandes medios, el conjunto de ideas que orienta estos actos es de base libertaria y tiene la incidencia directa del anarquismo, tanto en su forma más difusa como en la orgánica vinculada a la Coordinación Anarquista Brasilera (CAB). Son la presencia de este conjunto de ideas y formas de acción las que alimentan el repudio a la presencia de banderas político-electorales, mismo aun de partidos más a la izquierda como el PSTU y el PSOL. La tesis anarquista es simple: fortalecer a las entidades de base y a las redes de movimientos populares. A partir de la fuerza de estas colectividades ir a conquistar derechos, disminuyendo el margen de actuación de empresarios y gobiernos.
Otra motivación para el repudio a la presencia de banderas político-electorales es la relación directa de éstas con el llamado oportunismo. La paranoia está suelta y basta leer los medios de Internet más vinculados al gobierno de Dilma para ver que circula en el aire un discurso de “golpe electoral”. Una preocupación más probable es que en el pleito de 2014, legítimamente surjan candidatos de izquierda tomando como bandera su participación en estos actos. El problema –para quien escoja la vía electoral– es que la mayor parte de los activistas que ocupan las calles de capitales y ciudades de mediano tamaño del país, repudian esta forma de capital político. Luego, llevar banderas rojas o amarillas, asociadas a una sigla electoral, es hoy una actividad mal vista.
Delante de este universo de actitudes políticas, es casi inevitable el ataque a los símbolos de los poderes constituidos, sean estos estatales o privados. El avance de este movimiento puede solidificar otra forma de hacer política en el país.
Bruno Lima Rocha es científico político, profesor de relaciones internacionales y de periodismo

"Sobre las protestas en Brasil"

por X.L.para Rebelión.org

Todos hemos visto las ya familiares imágenes en Internet o en televisión. Decenas o centenares de miles de personas en las calles protestando. Pancartas, consignas, cánticos y concentraciones. Brutal represión policial, palizas y gases lacrimógenos. Coches en llamas. Las similitudes con las recientes protestas en Turquía o, salvando las diferencias, con lo que ocurriera en España hace no tanto tiempo, han llevado a muchos a apoyarlas sin reservas. Sin embargo lo que empezó como un movimento de carácter izquierdista relativamente limitado ha adquirido en los últimos días un tono sombrío que nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de informarnos debidamente sobre un tema antes de opinar sobre él o apoyarlo.
Las protestas iniciales fueron organizadas por Movimento Passe-Livre (MPL), un grupo autonomista que desde siempre ha centrado su actividad en la lucha por un transporte público y gratuito. Dirigidas contra la decisión del alcalde (PT, socialdemócrata/liberal) y gobernador (PSDB, socialdemócrata según sus siglas y conservador en la práctica) de São Paulo de subir los precios de autobús y metro, las protestas fueron inicialmente apoyadas por un amplio espectro de partidos y movimientos a la izquierda de los gobernantes (PSTU, PSOL, PCB, etc), pero debido a la orientación anarquista y apartidista del MPL su participación fue rechazada.

Los grandes medios, partidos gobernantes y personalidades conservadoras del país denunciaron duramente las protestas justificando la brutalidad policial (con imágenes ampliamente difundidas de palizas a manifestantes y disparos con pelotas de goma a quemarropa), tachando de vándalos anti-demócratas y radicales a los manifestantes. Hasta aquí, sin duda, estas revueltas podrían parecer muy similares a las que se repiten constantemente por todo el planeta, y más allá de nuestras diferencias políticas con el MPL serían merecedoras de todo nuestro apoyo. Sin embargo a los pocos días comienza a producirse un cambio notable.

Los medios y personalidades reaccionarias comienzan a percibir que sus audiencias tradicionales no están dispuestas a condenar las revueltas, llegándose a dar el caso de que una famosísima figura de extrema derecha de la TV brasileña es humillada en directo por su audiencia al preguntarles si condenan los actos de “vandalismo”. Se comienza a fraguar un cambio en el discurso, y los medios que antes condenaran las movilizaciones empiezan a decir que la furia está justificada ya que presenta una protesta contra “problemas mucho mayores”. Ya no se trata de los 20 céntimos del autobús, dice el mismo presentador ahora arrepentido y habiendo dado un giro de 180 grados a su discurso, sino que el pueblo brasileño ha despertado y lucha contra la corrupción y el mal hacer de un gobierno de tendencias casualmente izquierdistas. Se repite la estrategia ya utilizada en Venezuela, Honduras u otros lugares, con la Red Globo (propiedad de un multi-millonario y dueña absoluta de la información audiovisual privada en Brasil) llamando a la movilización contra el PT y por el cambio. Se crean vídeos en inglés para el consumo externo con peticiones que, aunque sin duda legítimas, no tienen ya un carácter de izquierda ni mucho menos revolucionario. Se resalta el carácter apartidista (en parte marcado desde un principio por el MPL) y “ciudadanista” de las protestas, con protestantes que no son ni de izquierdas ni de derechas sino “simplemente brasileños”. Centenares de miles de personas salen ahora a la calle, y se empiezan a ver pancartas que piden un golpe de Estado militar, quema de banderas rojas y palizas a a comunistas y anarquistas. Incluso algunos policías, que antes reprimiesen a los manifestantes con tanta dureza, llegan a sumarse al movimiento.

Es en este momento cuando se le comienza a helar la sangre a mucha gente en el país, ya que el anterior golpe de Estado fascista fue precisamente precedido por una marcha multitudinaria por la “libertad” y en contra del progresista João Goulart, que sería depuesto poco tiempo después por los militares. Empiezan a perder importancia el objetivo inicial de las protestas, y progresistas y revolucionarios de todas las tendencias tratan de unirse para hacer de contrapeso a la creciente influencia derechista y reaccionaria en las calles. Están convocadas para los próximos días grandes movilizaciones organizadas por la izquierda, que espera esta vez no ser barrida a palos por los fascistas de las calles y recuperar el liderazgo de unas protestas que ellos comenzaran.

¿Existe una moraleja en toda esta historia? Si la hay, es simple. No debemos transplantar experiencias o formas de análisis de un país a otro sin más, ya que cada pueblo y estado tienen su historia y particularidades que pueden dar un contenido muy diferente a eventos superficialmente similares. En este caso en concreto, y como es bien conocido, existen grandes y poderosos intereses en América Latina por acabar con cualquier gobierno que no sea un servidor sin fisuras de los intereses imperialistas, por muy tibias que pudiesen parecer sus políticas. Por muy legítimas que sean ciertas críticas contra el PT no debemos pensar que siempre que se movilicen grandes masas en las calles deben merecer éstas automáticamente nuestro apoyo, porque por desgracia también los programas más retrógrados y reaccionarios son capaces de movilizar a mucha gente. Prestemos atención, siempre, al carácter de las peticiones, a quién las organiza, y a cómo reaccionan ante ellas los poderes establecidos y los medios de comunicación oligarcas y monopolistas. Tan improbable es que la Red Globo apoye un cambio transformador progresista en Brasil como lo sería aquí que La Razón o Antena 3 llamasen a la revolución y al socialismo.

Ante la gran velocidad con la que cambia la situación en Brasil no queda más remedio que seguir con atención cada desarrollo, tratando siempre de apoyar al pueblo trabajador brasileño en su lucha contra el fascismo, el imperialismo y por una nueva sociedad auténticamente transformadora.

"Brasil- persecución a militantes anarquistas"
Publicado en www.agenciawalsh.org/ Miércoles, 26 de Junio de 2013

"En Porto Alegre, el pasado 20 de junio, cerca de 15 agentes de la Policía Civil sin orden de allanamiento irrumpieron en el Ateneo Batalha da Varzea, local social y político que es sede de la Federación Anarquista Gaúcha.
Brasil

En esa ciudad donde desde de comienzo de año se han producido masivas movilizaciones reivindicando causas populares que tienen que ver con el transporte público, la salud, educación, contra la corrupción, y con una enorme intención de cambio social para su localidad como para su país.
En un país donde millares de personas salen a la calle a denunciar que está todo podrido y es necesario y urgente cambiarlo. Ante tanta opulencia de los poderosos, de los estadios construidos para la copa de las confederaciones y el mundial de FIFA. Ante tanta represión sostenida, desplazamiento y militarización de los barrios populares, desatención casi total de la salud pública, la educación, y una usura y robo que como corolario es el precio del transporte y la calidad del mismo.
Y se pretende criminalizar a la FAG, y hacerla responsable de toda la bronca y furia que tiene la población de todo el país. Se pretende acusar a la FAG diciendo que es su local se encontró literatura anarquista, ¿y qué se piensa encontrar en un local anarquista?. Se acusa a la FAG de negociar con la ultra derecha, cuando la tarea la misma ha sido en lugares que la derecha rechaza, como son los comité de Resistencia Popular, el movimiento de Catadores, el Sindicalismo, el movimiento campesino, la lucha Estudiantil, las actividades de involucrar a más compañeros en prácticas de cultura liberadora.
Y más, y más cosas que separan a la FAG de lo que sí ha sido su enemigo en una constante histórica, como el allanamiento que ocurriera en el año 2009 por orden de la gobernadora Yeda Crusius, cuando la organización anarquista la señaló como la responsable del asesinato del militante del MST Elthon Brum.
Entonces es que se ha estado sí contra los poderosos, los de arriba y sus aliados de turno. Este allanamiento es ante todo ideológico, porque es la persecución de nuestras ideas lo que está primero. Es eso lo que quieren borrar: todos los significados de rebeldía y liberación que puedan adoptar nuestras luchas, la independencia de clase, la democracia directa, la construcción del poder popular.
Manifestamos entonces nuestra mayor preocupación y alerta sobre el tema y daremos seguimiento al asunto dando respuesta donde nos encuentre las historias de nuestras luchas!!.
Basta de represión al movimiento popular brasilero!!.
Basta de criminalizar a la FAG!!.
Arriba los que luchan!!!"
Adhesiones:
Columna Libertaria Joaquín Penina (Rosario, Argentina)
Columna Libertaria Errico Malatesta (CABA, Argentina)
Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Sudáfrica)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italia)
Federación Comunista Libertaria (Chile)
Unión Socialista Libertaria (Perú)
Coordination des Groupes Anarchistes (Francia)


domingo, 2 de junio de 2013

La CNT y la huelga de los Telefónicos, España (1931)

a continuación dos textos que retratan dichos sucesos

"A los 75 años de una huelga anarcosindicalista en Telefónica"

por Joaquín Sotos, Valladolid,
4 de junio de 2006, agencia La Haine.


Corrían los primeros días de 1931 cuando la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) creó en Barcelona el Sindicato Nacional de Comunicaciones. Muy poco después la CNT convocaría la que sería la primera huelga estatal en Telefónica.


Durante la Dictadura del General Miguel Primo de Rivera los servicios telefónicos del país fueron entregados a una empresa norteamericana, la American Telephone Company, sin plazo de reversión, con privilegios excesivos, exención de impuestos y condiciones leoninas para el caso de rescate por el Estado. El contrato de concesión de los servicios telefónicos fue juzgado en sí como un abuso de poder.
El 25 de abril de 1930, Indalecio Prieto pronunció una conferencia en el Ateneo de Madrid y prometió en aquella ocasión que la República, que se presentía próxima, negaría validez al contrato y exigiría su modificación de conformidad con la legislación española. Llegó a declarar que la situación en la Compañía Telefónica era la de una colonia de los Estados Unidos.
Las concesiones dadas por la dictadura a la Compañía Telefónica Nacional de España fueron uno de los argumentos más tajantes contra su política económica y financiera. El decreto de junio de 1900 en materia de comunicaciones telefónicas permitía la concesión de líneas, de grupos urbanos y de redes interurbanas, pero a los 35 años de explotación las líneas revertían al Estado con todas sus instalaciones, y eso después de haber pagado en ese tiempo gravámenes tributarios legales.
Pero con la dictadura, un grupo de capitalistas norteamericanos, patrocinados por el embajador de Estados Unidos, obtuvo a perpetuidad la concesión de las comunicaciones telefónicas. El Estado podía rescatar a los veinte años las instalaciones pagando por ellas lo que en sus libros apareciese como desembolsado, y además un 15 por ciento de interés fijo en oro. Ninguna otra empresa gozaba de tales privilegios en España. Además estaba también exenta de todo impuesto y tributo estatal, provincial y municipal. Tampoco en el territorio foral vasco podían las diputaciones y ayuntamientos gravar a esa empresa, en contraste con lo que ocurría a todas las otras entidades industriales y mercantiles. Se agregó que los servicios instalados se hicieron con sistemas y aparatos patentados por grupos pertenecientes a la misma compañía norteamericana, de modo que, aun en el caso de que el Estado español recuperase a tan alto precio la Telefónica, tendría que seguir pagando los derechos de patentes hasta que se extinguiesen.
En Telefónica se habían producido numerosos despidos de personal y ya antes del 14 de abril de 1931 (fecha de la proclamación de la II República) se declaró en principio la huelga de los telefónicos, pero el movimiento se suspendió por gestiones y promesas del Comité revolucionario. Por eso, al proclamarse la República se esperó una pronta solución del pleito existente y como nada ocurriese y los nuevos gobernantes no diesen muestras de atención a las propuestas hechas a la empresa, el 6 de julio a las ocho de la mañana se inició el paro.
Prevista en principio para el 4 de julio, la huelga de ámbito estatal se declaró finalmente dos días después tras el fracaso de una mediación de última hora del ministro de comunicaciones Martínez Barrio, amigo de Alejandro Lerroux y miembro de su Partido Radical. La intervención del ministro había forzado a que representantes de los propietarios norteamericanos de la Compañía Telefónica recibieran a los delegados sindicales, algo que durante quince días habían rechazado por completo.
En aquellos momentos, la completa negativa de las empresas a reconocer los derechos sindicales de los trabajadores, una postura completamente ilegal, era la causa principal de las huelgas más conflictivas. En este caso la negativa fue subrayada por el despido intencionado, durante los meses de mayo y junio, de algunos de los trabajadores más activos en la organización de las secciones sindicales. Hay que señalar que, frente a esta actitud, los trabajadores de Telefónica se prepararon para la huelga de una manera moderada y respetuosa, intentando organizar la transferencia de su material y el abandono de sus puestos de trabajo de una forma ordenada que tenía poco que ver con el normal desencadenamiento de una huelga
De los 7.000 empleados que figuraban en la plantilla de la empresa, secundaron la huelga 6.200, siendo Barcelona, Sevilla, Madrid y Zaragoza las provincias donde tuvo mayor incidencia
El pliego de condiciones contenía estos puntos:
• Reconocimiento del Sindicato Nacional Telefónico, adherido a la CNT. • Readmisión del personal despedido, unos 1.500 empleados • Revisión de expedientes • Inclusión en la plantilla y en el escalafón, del personal eventual con más de un año de prestación de servicios • Confección del escalafón por riguroso orden de antigüedad • Jubilación voluntaria a los 55 años de edad y forzosa a los 60 • Derecho del personal femenino a contraer matrimonio y de la concesión de los beneficios correspondientes en caso de parto
Los jornales oscilaban entre 30, 60, 90, 125, 200, 250 y 300 pesetas mensuales, pero había sueldos de 20.000, 80.000 y 100.000 pesetas oro.
El gobierno republicano se opuso a la huelga y procuró romperla con personal de la Unión General de Trabajadores (U.G.T). Fue esta una ocasión para librar una batalla contra el predominio de la C.N.T. en los servicios telefónicos. El ministro de trabajo socialista acusó a los huelguistas de querer impedir la celebración de las elecciones a Cortes constituyentes. Con apoyo de la empresa y de unos pocos adversarios del movimiento reivindicativo, se instituyó una Organización telefónica obrera que pidió ingreso en la U.G.T.; al frente de ella figuraban miembros del partido socialista. El esquirolaje fue así allanado y las gestiones para llegar a un acuerdo fueron obstruidas por los que estaban más interesados en eliminar la influencia de la C.N.T. en la Telefónica que en las razones que asistían a los huelguistas.
En efecto. El gobierno socialista trató a esta huelga, desde el primer instante, como si de un movimiento revolucionario se tratara, a pesar del carácter pacífico que demostraron los trabajadores durante los primeros días del conflicto. Y ¿por qué?. En primer lugar por el interés de una política exterior que quería dar una imagen tranquilizadora al capital extranjero. En segundo lugar por la obsesión por borrar del mapa al anarcosindicalismo. El socialismo veía con preocupación cómo no solo la CNT se rehacía de sus cenizas sino que además se abría espacio en sectores productivos hasta entonces controlados mayoritariamente por la UGT como la Telefónica o los ferroviarios. La consecuencia fue una agresiva política anti-cenetista que pusieron en práctica sus ministros, sobre todo Largo Caballero desde la cartera de Trabajo, y que tuvo su inicio en esta huelga de Telefónica e inmediata continuación en la de los descargadores del puerto de Barcelona. El gobierno contó siempre con la inestimable ayuda de la UGT, verdadera experta en el esquirolaje y en romper las huelgas convocadas por los trabajadores anarcosindicalistas.
El 7 de julio son detenidos los miembros del Comité de Huelga y poco después se producen varios actos de sabotaje. El día 9 se cortan líneas de conexiones internacionales a 40 km. de Zaragoza. Una bomba dañó gravemente la central de Sevilla y fueron voladas las antenas de cien metros que cruzaban el Ebro por Amposta. El 17 de julio son detenidos varios seguidores de la huelga en Vizcaya, acusados de sabotaje.
El 22 de julio el gobierno declara ilegal toda huelga que no se anuncie con diez días de antelación. Ese mismo día se producen actos de sabotaje en Murcia y Barcelona. En esta ciudad, una bomba en una cámara de registro del Paseo de Gracia destruyó las instalaciones y fueron cortados varios cables. Como dato anecdótico pero significativo de la confusión de intereses, mientras se colocaba y hasta que hizo explosión la bomba en la cámara de registro del Paseo de Gracia, fue cortado el tráfico de peatones y vehículos a distancia prudente para que estos no sufriesen ningún daño. Un oficial de estado mayor, probablemente enemigo del gobierno y amigo circunstancial de los huelguistas, había señalado ese punto neurálgico de las comunicaciones como objetivo de los saboteadores.
La lucha fue tenaz, pero el gobierno procedió con toda clase de recursos y de violencias para romperla y la Unión General de Trabajadores proporcionaba personal adventicio en reemplazo de los huelguistas. Durante todo este tiempo hubo en todo el estado violentos enfrentamientos entre militantes de CNT y de UGT.
El 18 de julio se lleva a cabo una huelga general en Sevilla en protesta por la muerte de un huelguista cervecero, produciéndose nuevos enfrentamientos que se saldan con el asesinato de un obrero de la fábrica Osborne. Durante el entierro de este obrero los anarquistas se enfrentan a la policía con el saldo de cuatro obreros y tres guardias de seguridad muertos. Al día siguiente se convoca una nueva huelga general en Sevilla. El 22 de julio se declara en esta ciudad el estado de guerra y el 23, de madrugada, en el parque de María Luisa, varios detenidos intentan escapar al cambiar de furgoneta policial. Hay cuatro muertos. Los rebeldes se hacen fuertes en la taberna "Casa Cornelio". El ministro de la Gobernación ordena bombardear la taberna. Ese mismo día se ordena la clausura de todos los centros anarcosindicalistas de España y la detención de sus cuadros dirigentes.
En el transcurso del conflicto de Telefónica hubo alrededor de 2.000 detenidos. La huelga duró varios meses y la acción conjunta de la U.G.T. y el gobierno acabaron por normalizar los servicios. Los confederales fueron vencidos, pero quedó un vivo fermento de encono entre las dos organizaciones sindicales.
Angel Samblancat, diputado a Cortes, se refirió a la huelga de Telefónica: “¿No había dicho el actual ministro de hacienda (Indalecio Prieto) en su conferencia del Ateneo que el contrato con la Telefónica había sido un atraco y un latrocinio? Pues en todas partes a los que se oponen al robo, a los que persiguen el robo se les llama representantes de la justicia, y sólo en este país a esos representantes de la justicia, que ahora son los huelguistas de la Telefónica, se les amenaza con fusilarlos si nada más se suben a un árbol. Los huelguistas telefónicos son hoy los héroes de la independencia nacional, son los Daoiz y Velarde de nuestros días y los que defienden a la patria contra la invasión yanqui...”
Los daños causados en las instalaciones de la empresa, a pesar del rigor de la represión, se calcularon en ocho millones de pesetas, sin contar los trastornos y los problemas creados por la irregularidad y la inseguridad de las comunicaciones.
El conflicto fue resucitado en abril de 1936, pero esta vez el Sindicato Nacional Telefónico de la CNT logró imponer sus reivindicaciones, el reintegro del personal despedido y una indemnización.
A muchos de poco les sirvió: tres meses después comenzaba la Guerra Civil y tres años más tarde una dolorosa derrota envió a los supervivientes al exilio...
Fuentes principales:
Diego Abad de Santillán - “Contribución a la Historia del Movimiento Obrero Español” Tomo III - Capítulo IV - Pp 68 y sg. (México 1971)
Graham Kelsey - “Anarcosindicalismo y Estado en Aragón 1930-1938. ¿Orden público o paz pública?” (Gobierno de Aragón - Institución Fernando El Católico - Fundación Salvador Seguí, Madrid 1994)
John Brademas - “Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937)” - pp 70 a 72 (Editorial Ariel, 1974)
León-Ignacio - “La Huelga de la Telefónica de 1931” (Origen desconocido. Ciclostil en PDF)
José Luis Gutiérrez Molina - Prólogo a la obra de Abel Paz “Durruti en la Revolución Española” pp 36 (La Esfera de los Libros, 2004)
Gabriel Jackson - “La República Española y la Guerra Civil” - pp58-59 (Crítica 1999 y 2005)
Jacinto Toryho - “La independencia de España” - pp. 104-113 (Barcelona, 1938)
José Peirats - “Los anarquistas en la crisis política española” - Capítulo V (1976)

"La huelga de Telefónica de 1931. El primer conflicto de la CNT en la República"

por Miguel Rigo
publicado en el sitio de la CNT cnt.es
y en portaloaca.com el 11 de Mayo de 2011

El primer conflicto laboral de la CNT desde la proclamación de la república supuso para los anarcosindicalistas la constatación de que había cambiado el régimen pero no las condiciones de la clase trabajadora. La república de la ilusión comenzaba a volverse "realista".

Antecedentes

Durante la dictadura del general Primo de Rivera los servicios telefónicos del Estado fueron dados a una empresa estadounidense la American Telephone and Telegraph (ATT). El contrato mediante el cual se establecían las condiciones para dar el servicio, eran extremadamente favorables a la compañía y fueron consideradas como un auténtico abuso de poder. Entre otras cosas, la Compañía quedaba exenta del pago de toda clase de impuestos y tributos del Estado.

Por ello, la situación de la Compañía de Teléfonos de España fue un argumento más con el cual los republicanos atizaban a la débil dictadura i decadente monarquía española. En abril de 1930 el socialista Indalecio Prieto en una conferencia en el Ateneo de Madrid prometió que una vez proclamada la república esta declararía el contrato y las condiciones ilegales. Llegó a decir que la situación de la Telefónica y de sus trabajadores era la de una colonia de Estados Unidos.

El ambiente en la empresa era tenso y antes de la proclamación de la república hubo un conato de huelga, se habían producido numerosos despidos, pero el Comité revolucionario, que trabajaba por el cambio de régimen, hizo desistir a los trabajadores.

Después del 14 de abril de 1931 y con la república proclamada la situación seguía igual. O mejor, si tenemos que dar crédito a las palabras del representante más acreditado de la compañía que declaraba sin tapujos: "A mi compañía le han ido mucho mejor los negocios que ha establecido en las repúblicas, que no en las monarquías (...) Usted no sabe la fuerza que tiene un cheque en blanco, con una firma solvente en esta clase de repúblicas".

Con la llegada del nuevo régimen la mayoría de los obreros de teléfonos se afiliaron a la CNT creando el Sindicato Nacional de Teléfonos. Ello supuso un cambio en las
relaciones laborables dentro de la Compañía de Teléfonos de España. Hasta el momento no había existido ningún sindicato de teléfonos y, como era lógico, las reivindicaciones laborales no tardaron en surgir. La empresa habituada a hacer y a deshacer a su antojo las rechazó de plano negándose a cualquier negociación.

Dispuestos a ganar sus derechos los obreros de la CNT se declararon en huelga el 4 de julio de 1931.

La huelga
A principios de 1931 se había creado en Barcelona el Sindicato Nacional de Comunicaciones y el 11 al 16 de junio de 1931 se celebró el III Congreso de la CNT.

Como hemos dicho más arriba, la tensión entre la patronal y los sindicatos eran grandes puesto que la primera se negaba a negociar con los obreros. Dispuestos a ganar sus derechos los obreros de la CNT, en principio solo ellos, se declararon en huelga el 4 de julio. De los 7000 empleados, 6200 se declararon en huelga. la intención era paralizar el servicio de telefonía y hacerse oír. La huelga fue un éxito rotundo en Sevilla, Zaragoza y Barcelona, de desigual resultado en el resto del Estado. Los socialistas, en el poder, optaron por intentar paliar los efectos y enviaron afiliados a la UGT a prestar sus servicios a ciudades como Madrid y Barcelona para intentar restablecer la normalidad.

Se trataba de proteger los intereses de una compañía extranjera y dar un mensaje de "estabilidad" a los posibles inversores de la joven república. Los socialistas incluso llegaron a acusar a los huelguistas de intentar sabotear la celebración de las elecciones a Cortes. Los antiguos compañeros de conspiración pronto olvidaron a sus aliados y sus promesas.

El 7 de julio son detenidos los miembros del comité de huelga. Se producen actos de sabotaje: el día 9 se cortan las líneas de conexión internacional, una bomba daña la central de Sevilla y fueron voladas las antenas de la compañía en Amposta. El 17 de julio son detenidos en Vizcaya varios simpatizantes con los huelguistas acusados de sabotaje.

El 22 de julio se producen sabotajes en Murcia y Barcelona. En Barcelona los saboteadores cortaron el tráfico y retuvieron a los peatones a una distancia prudente para que nadie sufriera daño mientras explosionaba la bomba.

Por otro lado, el nefasto ministro de gobernación Miguel Maura no cejó de utilizar cualquier medio para reprimir a los huelguistas. Esto dio como resultado el hecho de que se disparase contra los obreros sin mediar previo aviso.

Ante este hecho, el resto de los trabajadores que se habían mantenido al margen se unieron a los huelguistas de la CNT. Viendo que el conflicto se les iba de las manos, los socialistas propusieron que mediara el Gobierno. El ministro de Comunicaciones era el socialista Fernando de los Ríos. La CNT aceptó este arbitraje. Después de diversas reuniones el ministro dictó un laudo, en gran parte favorable a la empresa, en el que se reconocía el derecho a los obreros de tener un contrato de trabajo. Como el arbitraje había sido aceptado por las dos partes se esperaba un acatamiento por parte de la empresa cosa que no sucedió. Según Abel Paz fue la lucha en la historia sindical de la CNT que más atentados y sabotajes se han realizado.

El resultado final de la huelga arrojó un resultado final de 2000 detenidos y el éxito de la acción conjunta de la UGT y el gobierno que lograron normalizar los servicios después de varios meses de huelga.

La CNT había mostrado su fuerza y el Estado tomó buena nota de ello.

La Compañía de Teléfonos había sufrido pérdidas por valor de ocho millones de pesetas y para muchos la república había dejado de ser " de trabajadores".

El diputado Ángel Samblacat preguntó en las Cortes: "¿No había dicho el actual ministro de Hacienda-Indalecio Prieto- en su conferencia del Ateneo que el contrato con la Telefónica había sido un atraco y un latrocinio? Pues en todas partes a los que se oponen al robo, a los que persiguen el robo se les llama representantes de la justicia, y sólo en este país a esos representantes de la justicia, que ahora son los huelguistas de la Telefónica, se les amenaza con fusilarlos si nada más se suben a un árbol... "

la CNT no olvidó el conflicto y en abril de 1936 volvió a plantar cara a la empresa ganando esta vez el conflicto obteniendo la readmisión de los anteriormente despedidos y una indemnización para ellos.